El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner y el presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, presentaron un proyecto que propone otorgar una reparación económica a familiares de víctimas del atentado contra la AMIA y a los heridos graves en ese hecho ocurrido el 18 de julio de 1994.

Se trata de una de las primeras iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados -incluida en el primer trámite parlamentario del 2011-, tras el inicio del período ordinario de sesiones, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó inaugurado ayer.

La iniciativa contempla que el beneficio será "por única vez hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional".

"Intentamos amalgamar todas las redacciones subsistentes, pero con un objetivo primario fundamental: procurar subsanar la omisión del Estado Argentino durante tantos años y devolverles a las víctimas de ese lamentable suceso su derecho a la dignidad y a la justicia", argumentaron los autores del proyecto.

A través del texto, los legisladores intentan zanjar las diferencias que generó en la cámara baja el texto -con media sanción del Senado- en torno al cálculo de la indemnización que se establecía para resarcir a las víctimas del atentado a la mutual israelita.

De acuerdo a la iniciativa, "tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario de reparación, a través de sus derechohabientes o por sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado".

Para las personas fallecidas a consecuencia del atentado, el proyecto establece una reparación para sus derechohabientes equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobada por el Decreto 993/91 y sus modificatorios.

En cambio, para aquellos que hubiesen sufrido lesiones gravísimas según la clasificación que hace el Código Penal, la suma será reducida en un 30 por ciento y si sufrieron lesiones graves mermará en un 40 por ciento.

Asimismo, establece que, si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional de damnificados del atentado, al tiempo de obtener la reparación deberán desistir de la acción y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho.
 

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