El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), presentó el segundo informe sobre la situación de las comunidades mapuches en la provincia de Neuquén, correspondiente a 2009 y principios de 2010, con duras críticas hacia el gobierno y el Poder Judicial.

A lo largo de 40 páginas y con un exhaustivo repaso de la legislación vigente a nivel nacional e internacional, el documento denuncia la existencia de una “institucionalización del racismo”, y asegura que existe una negativa del Estado a cumplir con lo que establecen los tratados de Derechos Humanos. Entre otros temas, el ODHPI denunció las dilaciones para poner en marcha el relevamiento indígena, las omisiones de consultas a los pueblos originarios como en el caso de la municipalización de Villa Traful o las concesiones petroleras y los desalojos de comunidades de tierras ancestrales.

También se critica las actuaciones de la Justicia, que según el observatorio dilata la resolución de casos presentados por las comunidades mapuches y avala el accionar del Ejecutivo en detrimento de los derechos de los indígenas.

Organismos internacionales Uno de los autores del trabajo, Juan Manuel Salgado, aseguró que el informe fue pensado para ser entregado a organismos internacionales, muchos de los cuales ya denunciaron violaciones a los derechos de los mapuches. El integrante del ODHPI aseguró que buscan “informar a dependencias de Naciones Unidas, así como ONGs especializadas sobre la situación en la provincia”.

Salgado aseguró que “existe una negativa voluntaria del gobierno a cumplir lo que se establece en tratados de Derechos Humanos” en materia de pueblos originarios.

Además, a la luz de los casos reseñados en el trabajo, afirmó que existen demoras en las causas presentadas por los mapuches, pero aquellas que se presentan en su contra son resueltas con mucha rapidez.

El informe concluye que “existe un aparato de agresión hacia la cultura indígena”, materializado en el Estado. “Sólo desde la mirada global del pueblo excluido, que percibe su encerramiento por todos y cada uno de los órganos estatales, puede contemplarse la magnitud de la estructura discriminatoria”.